Malas Prácticas Gubernamentales

24 de marzo pasado. Beatriz Boza, directora ejecutiva de la ONG Ciudadanos al Día, no pudo evitar que, de su rostro, desapareciera su seductora sonrisa. Su presencia en Iquitos obedecía al lanzamiento del Premio 2008 Buenas Prácticas en Gestión Pública, antes denominado Buenas Prácticas Gubernamentales. ¿Qué produjo la desazón o el desaliento de Boza? Simple. Comprobar que el portal de Internet de la municipalidad de Maynas (www.munimaynas.gob.pe) no sólo no estaba actualizada, sino que, simplemente no estaba en la net.

La municipalidad de Maynas, en el año 2005, fue finalista, en la categoría Transparencia y Acceso a la Información. Todo un logro en un país, como el nuestro, en que, por el escaso civismo y por una suerte de cultura del ocultamiento de la información, hay que apelar a este tipo de estímulos para fomentar la aparición o desarrollo de valores. Recordando, en el 2005, en la categoría Transparencia y Acceso a la Información participaron el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero -INACC-, que resultó ser el ganador nacional-, el Instituto Nacional de Defensa Civil -INDECI-, el ministerio de Agricultura, la Superintendencia de Banca y Seguros SBS- y 4 municipalidades: la municipalidad distrital de Miraflores -ganadora local-, la municipalidad provincial de Ferreñafe, la municipalidad provincial de Maynas y la municipalidad Provincial de Piura. Había, pues, motivos suficientes, ese año, para sentirse optimista.
Pero el tiempo no transcurre en vano. Ha pasado 3 años y, desde hace aproximadamente 2 meses, que la página simplemente desapareció. En la municipalidad de Maynas concretamente en la Oficina de Prensa- lo niegan en todos los idiomas. Afirman que la el portal está activo. Esto no es así. La última vez que ingresamos, movidos por una legítima curiosidad, nuestro corazón se aceleró al creer ingenuamente, lo sabemos- que podíamos enterarnos, por ejemplo, de cómo se gastan los viáticos, quiénes son los afortunados. Entusiasmados, hicimos click en el link Viáticos. Con los ojos más abiertos de lo normal, la respiración contenida, esperamos largos segundos. Apareció la página Excel, con información… -¡agárrense! del 2006.
Así, pudimos enterarnos los gastos al menos hasta octubre del 2006- del alcalde de Juan Carlos del Águila, no de Salomón Abensur, desde luego-, regidores y funcionarios de la comuna maynina. Pero de los actuales, nanay. A propósito, ¿Saben cuánto recibió Gino Ceccarelli Bardales para organizar la vigésimo octava edición de la Semana Turística de Iquitos? Nada menos que S/. 200,000.00

Inactual
Es decir munimaynas, no consignaba información alguna de la actual gestión. Bueno, para ser justos, sí había algo de información. No mucha, pero había. Como, por ejemplo, los nombres de los principales funcionarios con sus respectivos celulares, RPM incluidos. ¡Bingo!, gritamos en silencio, aunque cierto pesimismo amenazó con apoderarse de nosotros al leer que el jefe de la Oficina de Imagen Institucional continuaba siendo Edwin Darteano López, al igual que la jefa de Prensa era Jessica Nicolini Tuesta. Ambos personajes salieron de la municipalidad debido al embarazoso caso de pagos indebidos por concepto de publicidad- ¡en noviembre del año pasado! Cuando marcamos el teléfono del celular del alcalde sorpresa- nos indicaron que ese número no existe.

Implicancias legales
Pero este asunto tiene implicancias que van más allá de la anécdota y que se ligan, más bien, con el aspecto legal. En efecto, el 2 de agosto del 2002, el presidente de la República, Alejandro Toledo Manrique y Luis Solari de la Fuente, presidente del consejo de Ministros, estamparon sus respectivas rúbricas en el texto de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que “tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú”. Este dispositivo legal contempla y enmarca, entre otras obligaciones, la clase de información a la que las entidades de la administración pública están obligadas: los datos generales de la entidad que deben incluir las disposiciones y comunicados emitidos, su organización, organigrama, procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos, que la regula.
Asimismo, la información presupuestal: datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones. Y nada de eso se conoce.También las adquisiciones de los bienes y servicios que realicen, incluyendo la publicación, en detalle, de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de éstos.
¿Por qué ha desaparecido la página? O la capacidad profesional de los especialistas municipales en el tema deja mucho que desear, o habría un interés deliberado de mantener en el más absoluto top secret los detalles de la gestión. Como lo del famoso puente sobre el Nanay, por ejemplo, tan caro al burgomaestre.